El caso Pecas de Pozuelo vuelve a la actualidad después de que las familias hayan presentado un nuevo escrito en el que solicitan investigar más de 1.800 episodios de presuntas agresiones y tratos vejatorios a menores de tres años. La documentación, fechada el 23 de octubre de 2026, amplía la relación de hechos identificados a partir de las grabaciones de videovigilancia del centro infantil.
La investigación comenzó a finales de 2023, tras la denuncia de una trabajadora en prácticas que aportó vídeos grabados en la guardería. Desde entonces, el procedimiento ha incluido detenciones, declaraciones de testigos, análisis de imágenes y distintas decisiones judiciales.
Esta es la cronología de los principales acontecimientos conocidos hasta noviembre de 2026.
Noviembre de 2023: una trabajadora denuncia presuntos malos tratos
La investigación se inició después de que una trabajadora en prácticas denunciara comportamientos que consideraba inadecuados hacia los niños y aportara grabaciones realizadas en el centro. La Policía Nacional comenzó a investigar los vídeos y solicitó también las imágenes de las cámaras de seguridad de la guardería.
El 23 de noviembre de 2023 fueron detenidas dos trabajadoras por su presunta implicación en malos tratos a menores. Una de ellas fue señalada como presunta autora material y la otra por una posible participación por omisión. Ambas quedaron en libertad con cargos y medidas cautelares.
El caso trascendió públicamente el 30 de noviembre. Las primeras informaciones apuntaban a presuntas agresiones e insultos a varios niños y a la existencia de grabaciones que podían ayudar a esclarecer lo ocurrido.
Diciembre de 2023: otras tres trabajadoras son detenidas
El 20 de diciembre de 2023, la Policía detuvo a otras tres trabajadoras de Pecas por su presunta implicación en los hechos investigados. Tras declarar ante la jueza, quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del centro de trabajo.
Con estas detenciones, el número de empleadas arrestadas ascendía a cinco. La investigación continuó para determinar qué conductas se habían producido, quiénes podían estar implicadas y cuántos menores podrían haberse visto afectados.
Febrero de 2024: las familias ven las grabaciones y la guardería cierra
El 29 de febrero de 2024, varias familias afectadas pudieron visionar ante la jueza al menos cinco vídeos incorporados a la causa. Las imágenes mostraban presuntos episodios de trato vejatorio hacia niños de hasta tres años. Los padres también declararon sobre el estado y las posibles secuelas que habían observado en sus hijos.
En paralelo, el Ayuntamiento de Pozuelo detectó cinco construcciones anexas al edificio principal que carecían de la correspondiente licencia urbanística. El centro cerró en febrero de 2024 por esas irregularidades administrativas.
El cierre municipal y la investigación penal eran procedimientos distintos, pues el primero respondía a cuestiones urbanísticas, mientras que la causa judicial investigaba los presuntos malos tratos.
Mayo de 2024: la jueza ordena analizar las cámaras de seguridad
El 3 de mayo de 2024, la jueza instructora citó como investigada a la propietaria de la guardería y requirió a la Policía Judicial que informara sobre el análisis de las cámaras de seguridad del centro.
La causa incluía entonces a varias antiguas trabajadoras, entre ellas la directora, por presuntos delitos como trato vejatorio, lesiones y omisión del deber de socorro. En ese momento, las informaciones judiciales hablaban de 21 menores que podrían haber sido víctimas.
Ese mismo mes, el 20 de mayo, dos estudiantes en prácticas declararon ante la jueza y ratificaron haber presenciado comportamientos que describieron como bruscos o agresivos por parte de algunas trabajadoras.
Junio de 2024: la Audiencia Provincial valida las grabaciones
El 5 de junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó los argumentos de las defensas que pretendían invalidar las grabaciones de las cámaras de seguridad. También ratificó medidas cautelares impuestas a dos de las investigadas.
La resolución consideró que las imágenes podían incorporarse a la causa, pese a las objeciones sobre su calidad y la ausencia de sonido. La decisión permitió que continuaran siendo analizadas como parte de la investigación.
Noviembre de 2025: las acusaciones identifican 110 hechos nuevos
La investigación siguió avanzando mediante el visionado de las grabaciones. A fecha 6 de noviembre de 2025, las acusaciones particulares habían identificado y documentado 110 hechos que consideraban nuevos y distintos de los recogidos inicialmente en los atestados policiales.
La revisión de las imágenes permitió localizar episodios concretos mediante referencias de fecha y hora, con capturas para facilitar su identificación.
Junio de 2026: la investigación se amplía a 352 hechos
El 11 de junio de 2026, la jueza acordó ampliar los hechos objeto de investigación a 352 acontecimientos relacionados con presuntas acciones agresivas o atentatorias contra la integridad moral de los menores.
Antes de esa resolución, las acusaciones particulares habían presentado escritos que señalaban 499 episodios. La cifra de 352 quedó recogida en el auto judicial.
Octubre de 2026: las familias piden investigar más de 1.800 episodios
El 1 de octubre de 2026, la Fiscalía de Madrid se adhirió al recurso presentado por una de las trabajadoras investigadas contra la ampliación de los hechos a 352. El Ministerio Fiscal sostuvo que las nuevas imputaciones debían concretarse de forma individualizada, indicando qué hechos se atribuyen a cada persona y qué menores estarían afectados, para evitar una posible indefensión.
Días después, las acusaciones particulares presentaron un nuevo escrito. El documento, fechado el 23 de octubre de 2026, eleva a más de 1.800 las secuencias de presuntos malos tratos que las familias solicitan incorporar a la investigación.
Las acusaciones describen, entre otros comportamientos, presuntos pinchazos en la cara, cachetes, zarandeos mientras los niños dormían y encierros en habitaciones a oscuras. La documentación se habría elaborado tras revisar imágenes de diez cámaras de videovigilancia durante aproximadamente dos meses.
La cifra de más de 1.800 corresponde a los episodios identificados por las acusaciones particulares. La petición de ampliación está pendiente de decisión judicial, y no equivale a una declaración de hechos probados ni a una condena.
Un procedimiento que continúa abierto
A fecha de noviembre de 2026, el caso Pecas sigue en fase de investigación. La jueza deberá resolver las nuevas solicitudes de ampliación y determinar qué hechos se incorporan formalmente a la causa, cuáles son sus posibles responsables y qué relevancia penal pueden tener.
La cronología refleja cómo el procedimiento ha pasado de una denuncia inicial y las primeras detenciones a un análisis más amplio de las grabaciones y de los episodios que las familias consideran que deben investigarse.
El objetivo de la causa continúa siendo esclarecer lo sucedido en la guardería y determinar, con las garantías judiciales correspondientes, las posibles responsabilidades.
